Primeros usos de IA militar y los drones en Pakistán

La campaña de ataques con drones en Pakistán es el primer caso en el que la automatización del análisis de datos y el uso de aeronaves no tripuladas armadas se combinaron a gran escala fuera de un frente declarado. No fue una guerra de robots autónomos: las decisiones las tomaban personas. Pero fue el primer conflicto en el que el procesamiento masivo de comunicaciones y de vídeo de vigilancia empezó a orientar quién figuraba en una lista de objetivos, y por eso está en el origen de todo el debate posterior sobre la IA militar.

Este artículo reconstruye los hechos documentados, las cifras disponibles y la controversia jurídica y política que generaron. Como en el resto del archivo, el tratamiento es histórico y periodístico: no se describen procedimientos operativos.

El punto de partida: 2001-2004

El dron armado entró en combate en Afganistán en octubre de 2001, cuando se emplearon por primera vez Predator con misiles en operaciones reales. El salto decisivo llegó el 17 de junio de 2004 con el ataque en Waziristán del Sur que mató a Nek Muhammad Wazir, comandante tribal pakistaní: fue el primer ataque con dron estadounidense documentado en territorio de Pakistán, un país con el que Estados Unidos no estaba en guerra.

Entre 2004 y 2007 los ataques fueron esporádicos. La escalada llegó en 2008 y alcanzó su máximo en 2010, con más de un centenar de ataques en un solo año según los recuentos de The Bureau of Investigative Journalism y de New America. Casi todos se concentraron en las Áreas Tribales bajo Administración Federal, en la frontera con Afganistán.

Qué automatización había realmente

No existía nada parecido a un sistema que eligiera objetivos por su cuenta. Lo que sí hubo fue una dependencia creciente de tres procesos automatizados:

• Vigilancia persistente: horas continuas de vídeo sobre una misma zona, un volumen que obligó a desarrollar herramientas de detección automática de objetos y movimientos, precursoras directas de programas posteriores como el Proyecto Maven.
• Análisis de metadatos de telefonía: localización de terminales y análisis de redes de contactos, que permitieron seguir aparatos y no solo personas identificadas.
• Clasificación estadística: el programa SKYNET de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, revelado en 2015 a partir de documentos filtrados por Edward Snowden, aplicaba aprendizaje automático a metadatos de telefonía móvil en Pakistán para señalar posibles mensajeros de organizaciones armadas.

SKYNET recibió críticas técnicas relevantes cuando se hizo público: varios especialistas en estadística señalaron que, con una proporción tan pequeña de casos positivos reales entre millones de usuarios, incluso una tasa de error mínima produce miles de falsos positivos. No consta públicamente que sus resultados se usaran como única base para un ataque, y la agencia lo describió como una herramienta analítica. El episodio sigue siendo el ejemplo más citado de los límites de la clasificación automática aplicada a la seguridad.

Los signature strikes y el centro de la polémica

La distinción clave que apareció en los debates es la que separa los ataques contra personas identificadas de los llamados signature strikes: ataques decididos a partir de patrones de comportamiento observados —reuniones, desplazamientos, presencia de armamento— sin conocer la identidad de los afectados. Funcionarios estadounidenses citados por la prensa reconocieron su existencia, y son el núcleo de las objeciones jurídicas: es difícil justificar el principio de distinción entre combatientes y civiles cuando se ataca a personas cuya identidad y función se desconocen.

A ello se sumaron dos prácticas denunciadas por organizaciones de derechos humanos: los ataques sucesivos sobre el mismo lugar, que pueden alcanzar a quienes acuden a socorrer a las víctimas del primero, y los ataques contra funerales o reuniones comunitarias. Amnistía Internacional documentó casos concretos en su informe «Will I Be Next?» de octubre de 2013, y el estudio «Living Under Drones» de las universidades de Stanford y Nueva York, publicado en 2012, describió además los efectos psicológicos y sociales de la vigilancia constante sobre la población de la zona.

Cifras en disputa

No hay una cifra oficial y verificable de víctimas. Los recuentos independientes más citados —The Bureau of Investigative Journalism, New America y Long War Journal— sitúan la campaña en Pakistán en torno a 400-430 ataques entre 2004 y 2018, con estimaciones de muertos que van de unas 2.500 a cerca de 4.000 personas y de varios cientos de civiles, con rangos amplios entre fuentes. El gobierno estadounidense publicó a partir de la orden ejecutiva 13732, de julio de 2016, informes anuales con cifras agregadas de bajas civiles fuera de zonas de hostilidades activas, muy inferiores a las de las organizaciones independientes; esa discrepancia nunca se resolvió y depende en gran medida de a quién se clasifica como combatiente.

La respuesta política y jurídica

• El Parlamento de Pakistán aprobó en 2012 unas directrices de seguridad nacional que exigían el cese de los ataques, considerados una violación de la soberanía, mientras se documentaba en paralelo cierta cooperación de sectores del Estado pakistaní.
• El Tribunal Superior de Peshawar declaró en mayo de 2013 que los ataques eran ilegales y contrarios al derecho internacional, en una resolución sin efecto práctico sobre la campaña.
• Los relatores especiales de la ONU Ben Emmerson y Christof Heyns presentaron en 2013 informes que reclamaban transparencia, investigación de los casos con víctimas civiles y clarificación del marco jurídico aplicable.
• El presidente Barack Obama defendió la legalidad de la campaña en su discurso de la National Defense University de mayo de 2013 y anunció criterios más estrictos, incluida la exigencia de certeza casi total de ausencia de civiles.

Por qué este caso importa para el debate actual

La campaña de Pakistán fijó tres precedentes que siguen vigentes. Primero, normalizó el ataque a distancia en territorio de un Estado con el que no existe guerra declarada. Segundo, introdujo la decisión basada en patrones de datos antes de que existieran normas específicas para ello. Y tercero, mostró que la falta de transparencia sobre las víctimas impide cualquier rendición de cuentas efectiva, un problema que la introducción de sistemas de recomendación automática no ha hecho más que agravar.