Minas terrestres: evolución, tipos y secuelas de posguerra

Las minas terrestres son el arma que no se retira cuando acaba la guerra. Una mina es un artefacto colocado en el terreno que actúa cuando alguien la activa, de modo que su efecto militar —negar el paso, canalizar al enemigo, proteger un flanco— sobrevive intacto al motivo por el que se colocó. Ese rasgo, que en términos tácticos es su virtud, es también el origen del problema humanitario que arrastran decenas de países.

Este artículo describe su evolución histórica, las grandes familias de minas y las consecuencias documentadas de posguerra, con las cifras que publican los organismos especializados. No entra en detalles de diseño, colocación o neutralización: eso es trabajo de desminadores formados, no material de divulgación.

De la fougasse a la mina industrial

La idea es antigua: la fougasse de la guerra de sitio moderna era una carga enterrada que se hacía estallar sobre el atacante. El salto conceptual llega con la activación por la propia víctima. Durante la Guerra Civil estadounidense, las cargas enterradas empleadas por el general confederado Gabriel Rains provocaron ya entonces un debate moral sobre su legitimidad, porque no distinguían quién las pisaba.

La Primera Guerra Mundial normalizó las minas anticarro como respuesta directa al blindado. La Segunda las convirtió en industria: se sembraron por millones en el norte de África, el frente oriental y Europa occidental, con diseños estandarizados y producción en serie. La Guerra Fría añadió las minas dispersables, lanzadas desde artillería o aeronaves sobre grandes superficies, lo que multiplicó las cantidades empleadas y, sobre todo, la imposibilidad de registrar dónde habían caído.

Las grandes familias de minas

La distinción entre minas antipersona y anticarro es jurídicamente decisiva. El Tratado de Ottawa prohíbe las primeras, no las segundas. Y hay una zona gris relevante: los artefactos improvisados y los restos explosivos de guerra —proyectiles y submuniciones sin estallar— producen efectos semejantes a los de las minas y forman parte del mismo problema de contaminación del terreno, aunque respondan a marcos legales distintos.

Qué ocurre después del alto el fuego

El daño de posguerra no es solo el número de víctimas directas. Las áreas contaminadas bloquean tierra agrícola, pozos, caminos, escuelas y tendidos eléctricos, e impiden el regreso de desplazados a zonas que sobre el papel ya son seguras. Camboya, Angola, Afganistán, Irak, Bosnia-Herzegovina y, más recientemente, Ucrania figuran entre los territorios con contaminación extensa documentada por los organismos de acción contra minas.

• Víctimas civiles mayoritarias: los informes anuales del Landmine Monitor sitúan de forma sostenida en torno al 80 % la proporción de civiles entre las víctimas registradas, con una parte significativa de menores.
• Coste asimétrico: fabricar una mina cuesta una fracción de lo que cuesta localizarla y destruirla en condiciones seguras.
• Plazos largos: el desminado de un país afectado se mide en décadas, y depende de financiación internacional inestable.
• Impacto económico: tierra fértil inutilizada, ganadería perdida y rehabilitación médica de por vida para los supervivientes.

El marco legal y su fragilidad actual

La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, conocida como Tratado de Ottawa, se adoptó en 1997 y entró en vigor el 1 de marzo de 1999. Prohíbe emplear, producir, almacenar y transferir minas antipersona, y obliga a destruir arsenales y limpiar el territorio propio. La han ratificado más de 160 Estados, pero quedan fuera actores decisivos como Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Irán e Israel. Un marco parcial anterior, el Protocolo II enmendado de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, regula el uso pero no lo prohíbe.

Ese consenso está bajo tensión. Durante 2025, varios Estados del flanco oriental europeo anunciaron su intención de abandonar el Tratado de Ottawa alegando necesidades defensivas frente a Rusia, decisión criticada por el CICR y por las organizaciones humanitarias del sector. Se trata de un proceso en curso con plazos formales de retirada, no de un cambio consumado: cualquier lectura del estado actual del tratado debe consultarse en las fuentes oficiales del depositario y en el informe anual del Landmine Monitor.