La migración como arma híbrida: Turquía, Marruecos y Bielorrusia

La migración como arma —en la literatura académica, coercive engineered migration; en el lenguaje de las instituciones europeas, «instrumentalización de migrantes»— describe una situación en la que un Estado provoca, facilita o deja de contener deliberadamente un movimiento transfronterizo de personas para obtener concesiones políticas, económicas o diplomáticas de otro Estado. Es una forma de presión de zona gris: no hay disparos, pero sí una acción estatal calculada que traslada el coste a un tercero y, sobre todo, a las propias personas migrantes, que quedan convertidas en instrumento.

El marco conceptual: Kelly Greenhill

La referencia académica principal es Weapons of Mass Migration (Cornell University Press, 2010), de la politóloga Kelly M. Greenhill, que identificó y catalogó más de medio centenar de episodios entre 1951 y 2006 en los que flujos de población se usaron como instrumento de coerción. Greenhill distingue entre generadores del flujo, agentes que lo canalizan y objetivos que sufren la presión, y sostiene que la eficacia del método depende de la vulnerabilidad política interna del país receptor: cuanto más divisiva sea la inmigración en su debate público, mayor es el poder de chantaje.

Turquía y el acuerdo con la Unión Europea

Turquía acoge la mayor población refugiada del mundo: en torno a 3,6 millones de sirios bajo protección temporal, según ACNUR. La Declaración UE-Turquía de marzo de 2016 estableció la devolución de migrantes irregulares llegados a las islas griegas a cambio, entre otros puntos, de 6.000 millones de euros de ayuda para los refugiados en Turquía. En febrero de 2020, en plena escalada en Idlib y tras la muerte de decenas de soldados turcos, Ankara anunció que dejaba de contener la salida hacia Europa. Miles de personas se concentraron en el paso de Pazarkule-Kastanies, en la frontera con Grecia, en escenas de choques con la policía griega que se prolongaron durante semanas. Atenas suspendió temporalmente el registro de solicitudes de asilo, una medida que ACNUR y el Consejo de Europa consideraron contraria al derecho internacional.

Ceuta, mayo de 2021

Entre el 17 y el 18 de mayo de 2021, alrededor de 8.000 a 10.000 personas —cerca de 1.500 de ellas menores, según cifras del Gobierno español y de organizaciones presentes— entraron en Ceuta a nado o rodeando el espigón fronterizo, después de que la gendarmería marroquí relajara de forma visible el control del paso del Tarajal. El episodio coincidió con la crisis diplomática abierta por la acogida en un hospital de Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Rabat negó cualquier instrumentalización, pero el Parlamento Europeo aprobó el 10 de junio de 2021 una resolución en la que rechazaba «el uso de controles fronterizos y de menores como forma de presión política».

Bielorrusia y la frontera oriental de la UE

En 2021, tras las sanciones europeas por la represión postelectoral y el desvío forzoso del vuelo Ryanair FR4978, Minsk facilitó la llegada de miles de personas procedentes de Oriente Medio mediante visados y vuelos chárter, dirigiéndolas después hacia las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia. La UE calificó abiertamente los hechos de «ataque híbrido». La Comisión Europea propuso en diciembre de 2021 medidas de emergencia y, más tarde, incorporó la figura de la instrumentalización al Pacto sobre Migración y Asilo. La crisis dejó al menos una veintena de muertos en la zona fronteriza boscosa, según recuentos de ONG y de las autoridades polacas.

El problema jurídico y humanitario

La calificación de un flujo como «instrumentalizado» tiene consecuencias prácticas: sirve para justificar procedimientos de asilo acelerados, detenciones en frontera o suspensiones temporales de garantías. ACNUR, el Consejo de Europa y organizaciones como Amnistía Internacional han advertido reiteradamente de que la responsabilidad del Estado que provoca el flujo no anula el derecho individual a solicitar protección internacional ni la prohibición de devoluciones colectivas, recogida en el artículo 4 del Protocolo n.º 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia N.D. y N.T. contra España (2020), la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos matizó ese principio, en una decisión ampliamente discutida por la doctrina.

• No todo aumento de llegadas responde a una estrategia estatal: guerras, crisis económicas y climáticas explican la mayoría de los flujos.
• La atribución exige pruebas: cambios verificables en el control fronterizo, emisión coordinada de visados o declaraciones oficiales.
• El coste humano recae sobre personas que no eligen su papel en la disputa diplomática.